El servicio de salud de Inglaterra decide no prescribir inhibidores de pubertad a menores con disforia de género
(Ref observatoriobioetica.org)
El servicio de salud de Inglaterra (NHS) ha anunciado que dejará de prescribir en sus clínicas inhibidores de pubertad para niños que desean cambiar de sexo.
Los llamados inhibidores de pubertad, que frenan la aparición de los cambios fisiológicos característicos en la fase adolescente, solo se prescribirán a partir de ahora en ensayos de investigaciones clínicas.
El Gobierno británico se ha comprometido a garantizar que la atención a los pacientes se base en pruebas que redunden en el mejor interés del menor. Al hilo de esta promesa, hay que recordar que la doctora Hilary Cass, reveló en febrero del 2022 graves deficiencias en el Servicio de Desarrollo de Identidad y Género de la clínica de Tavistock, en Londres, tras varias denuncias de afectados y empleados.
El NHS encargó el informe a Cass en septiembre del 2020, después de «detectar un incremento desmedido del número de pacientes derivados» por los médicos de cabecera, que pasaron de 250 en 2011-2012 a más de 5.000 en 2021-2022, provocando largas listas de espera.
Como consecuencia, esta clínica dedicada a atender a menores con presunta disforia de género cerrará a finales de marzo. Tras el cierre de Tavistock, el NHS abrirá el próximo mes de abril en Londres y Liverpool dos nuevos servicios de menores para tratarlos con expertos en neurodiversidad, pediatría y salud mental, con el fin de que los menores reciban un tratamiento de acuerdo con las evidencias científicas y a partir de la opinión clínica de expertos. Según el director nacional de esta área, John Stewart, unos 200 pacientes serán transferidos a las dos nuevas clínicas, mientras más de 5.000 menores y jóvenes están en lista de espera para ingresar en ellas.
Marcha atrás en los procedimientos
En Gran Bretaña y otros países pioneros en la promoción de los procesos de transición de género, tal como hemos publicado previamente, se están modificando los procedimientos relacionados ante la falta de evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia, especialmente en niños y adolescentes. Algunos de estos países son Finlandia, Holanda o Suecia.
Ley escocesa
Justo hace un año, en marzo de 2023, el Gobierno británico ya anunció que vetaría la ley de género escocesa que facilitaba la transición de género a los 16 años. En dicha ley se rebajaba la edad mínima de cambio de sexo de los 18 a los 16 años y se eliminaba la necesidad de presentar un informe médico junto con evidencias que ratificaran haber vivido al menos 2 años con esa intención. Ante esta aprobación, el Gobierno británico consideró que el Parlamento escocés se había extralimitado en sus competencias constitucionales.
El Ejecutivo utilizó entonces por primera vez la conocida como sección 35 de la ley que estableció la autonomía del Parlamento escocés en 1998, que permite a Londres vetar leyes que considere que afectan a «asuntos reservados» al Gobierno central.
Valoración bioética
La adopción de medidas arbitrarias, no respaldadas por la evidencia científica exigible y promovidas insistentemente desde sectores partidarios de los procesos de transición de género, que han contado con la connivencia de muchos facultativos que las han venido aplicando acríticamente hasta hoy, arroja un escenario demoledor.
La acumulación de evidencias sobre la pobre eficacia de estas medidas para resolver las disforias de origen a la vez que la acumulación de datos sobre sus efectos secundarios, en muchos casos irreversibles, ha puesto de manifiesto que en este caso la adopción de medidas terapéuticas no ha venido impulsada por criterios clínicos rigurosos sino más bien por presiones ideológicas sin base científica.
La utilización de bloqueadores de la pubertad, autorizados para el tratamiento de la pubertad precoz, no está incluida como tratamiento autorizado en casos de transición de género por ninguna legislación, y su utilización para este fin se considera “off label”, o fuera de indicación autorizada.
El silencio de muchos clínicos ante este atropello ha contribuido a su extensión, provocando ahora que los países más precoces en su implantación estén rectificando el abordaje diagnóstico y terapéutico de los casos de disforia de género.
La falta de rigor científico en medicina conduce casi siempre a actos maleficentes sobre los pacientes. La propuesta de algunos países de priorizar los tratamientos psicológicos en lugar de los farmacológicos o quirúrgicos, contrasta con lo que establece la ley española que los prohíbe taxativamente, aún cuando sea el propio paciente el que lo demande.
Los casos de arrepentimiento se suceden cada vez con mayor frecuencia, encontrándose muchas veces ante situaciones y daños irreversibles.
Los criterios éticos bien fundamentados resultan imprescindibles en el ejercicio de la medicina para asegurar niveles de eficacia y seguridad acordes con la necesidad de respetar la dignidad de los pacientes.
