(Ref redaccionmedica.com)<\/p>\n\n\n\n
as recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid<\/strong> sobre el Registro de objetores de conciencia<\/strong> han reabierto un debate que no deber\u00eda abordarse desde la confrontaci\u00f3n, sino desde el equilibrio constitucional<\/strong>. No se trata de un conflicto entre obediencia o desobediencia a la ley, sino de c\u00f3mo aplicarla respetando la libertad de conciencia del m\u00e9dico<\/strong> y la organizaci\u00f3n del servicio sanitario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Nuestra Constituci\u00f3n<\/strong>, curiosamente, no menciona la objeci\u00f3n de conciencia<\/strong> salvo en un caso muy concreto: el art\u00edculo 30, cuando hablaba del servicio militar obligatorio<\/strong>. Pero desde muy pronto, el Tribunal Constitucional<\/strong> entendi\u00f3 que la naturaleza jur\u00eddico-constitucional de la objeci\u00f3n de conciencia sanitaria<\/strong> es la de un derecho fundamental<\/strong>, que forma parte del contenido esencial de las libertades del art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n<\/strong> (libertad ideol\u00f3gica y religiosa) y m\u00e1s en concreto de la libertad de conciencia<\/strong>, como n\u00facleo com\u00fan de ambas libertades.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed se desprende de los an\u00e1lisis de la doctrina y de las posiciones del derecho comparado<\/strong>, y muy especialmente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional<\/strong> contenido en la STC 53\/1985, dictada con ocasi\u00f3n del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Org\u00e1nica 9\/1985 de despenalizaci\u00f3n parcial del aborto<\/strong>, que constituye la base doctrinal del reconocimiento de la objeci\u00f3n de conciencia m\u00e9dica. En ella, el Tribunal afirm\u00f3 que el derecho a objetar se deduce directamente del art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n, como manifestaci\u00f3n de la libertad ideol\u00f3gica y religiosa, y que su ejercicio no depende de una previsi\u00f3n legal expresa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El m\u00e9dico, en consecuencia, no puede ser obligado a realizar actos contrarios a sus convicciones morales o religiosas<\/strong>, y el legislador solo puede regular, pero no suprimir o restringir, este derecho.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente la Sentencia 161\/1987, de 27 de Octubre del mismo Tribunal, aunque trata de manera espec\u00edfica, aunque incidental y brevemente, el problema de la objeci\u00f3n de conciencia sanitaria, reafirma lo declarado dos a\u00f1os antes. El Tribunal rechaz\u00f3 la alegaci\u00f3n de que la ley impugnada atribuyera a los m\u00e9dicos funciones cuasijudiciales sin prever su derecho a objetar, al entender que tal previsi\u00f3n no era necesaria, puesto que la eficacia constitucional directa de los derechos fundamentales<\/strong>, debe traducirse en una protecci\u00f3n suficiente y efectiva del derecho de objeci\u00f3n de conciencia sanitaria. De este modo, consolid\u00f3 la doctrina de 1985, confirmando que la objeci\u00f3n de conciencia sanitaria forma parte del contenido esencial de la libertad de conciencia<\/strong> y no requiere reiteraci\u00f3n expresa en cada ley sectorial.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola consagra la libertad ideol\u00f3gica y religiosa de los individuos. De \u00e9l nace la objeci\u00f3n de conciencia, entendida no como una excepci\u00f3n, sino como una consecuencia natural del respeto a la autonom\u00eda moral de la persona<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Cumplir la ley no exige renunciar a la conciencia, del mismo modo que ejercer la conciencia no implica incumplir la ley<\/strong>. Ambas realidades deben convivir en un marco de equilibrio y respeto.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, el Registro Oficial de Objetores de Conciencia<\/strong>, previsto por la normativa sanitaria, debe entenderse como lo que realmente es: un instrumento administrativo de organizaci\u00f3n, no un mecanismo de control ideol\u00f3gico<\/strong>. Su finalidad debe ser estrictamente funcional \u2014garantizar la planificaci\u00f3n de recursos y la atenci\u00f3n al paciente<\/strong>\u2014, y nunca interpretarse como un requisito constitutivo del derecho a objetar. El derecho de objeci\u00f3n no nace del registro<\/strong>, sino directamente de la Constituci\u00f3n y del reconocimiento jurisprudencial de su protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La conciencia profesional no es una categor\u00eda fija, ni una declaraci\u00f3n definitiva. Un m\u00e9dico puede objetar en determinados supuestos y no hacerlo en otros, en funci\u00f3n de su reflexi\u00f3n \u00e9tica<\/strong> y de las circunstancias concretas. Por eso, resulta discutible que un registro de car\u00e1cter binario (\u201cobjetor s\u00ed o no\u201d) refleje adecuadamente esa complejidad. La conciencia no se inscribe: se ejerce<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Desde el punto de vista constitucional, cualquier medida que limite o condicione el ejercicio de un derecho fundamental debe superar el principio de proporcionalidad. Entre ellas, la gesti\u00f3n colegial de la objeci\u00f3n, tal y como propuso la Organizaci\u00f3n M\u00e9dica Colegial<\/strong> en sus ‘Criterios y recomendaciones para el Registro Colegial de la Objeci\u00f3n de Conciencia’, que garantizar\u00eda como Corporaci\u00f3n de Derecho P\u00fablico<\/strong> la confidencialidad y la autonom\u00eda profesional evitando eventuales presiones administrativas.<\/p>\n\n\n\n El Comit\u00e9 de Bio\u00e9tica de Espa\u00f1a<\/strong> tambi\u00e9n ha recordado, en sus pronunciamientos, que la objeci\u00f3n de conciencia \u201cconstituye una exigencia \u00e9tica de respeto a la autonom\u00eda moral del profesional sanitario y no una concesi\u00f3n del Estado\u201d. Su expresidente, Federico de Montalvo<\/strong>, ha defendido reiteradamente que la objeci\u00f3n debe entenderse \u201cno como una deslealtad hacia el sistema sanitario, sino como una manifestaci\u00f3n de pluralismo moral que lo enriquece y legitima\u201d. Esa reflexi\u00f3n resume la esencia de este debate: la libertad de conciencia del m\u00e9dico no debilita la sanidad p\u00fablica<\/strong>; la hace m\u00e1s humana y m\u00e1s confiable.<\/p>\n\n\n\n Tampoco puede olvidarse la dimensi\u00f3n internacional de este principio. El Consejo de Europa<\/strong>, en su Recomendaci\u00f3n 1763\/2010, afirm\u00f3 que \u201cninguna persona, hospital o instituci\u00f3n podr\u00e1 ser coaccionada o discriminada por negarse a realizar o asistir a un aborto\u201d. Una declaraci\u00f3n que refuerza la idea de que la objeci\u00f3n de conciencia es parte del marco de derechos humanos<\/strong>, no una anomal\u00eda del sistema.<\/p>\n\n\n\n La confianza entre los profesionales y la Administraci\u00f3n sanitaria es un valor esencial que debe preservarse. El m\u00e9dico no puede sentirse vigilado o se\u00f1alado por actuar conforme a su conciencia<\/strong>. Si la ley convierte un derecho moral en un motivo de sospecha, se resquebraja la relaci\u00f3n de confianza que sostiene nuestro sistema sanitario. Ning\u00fan profesional debe verse obligado a elegir entre su conciencia y su vocaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Conviene recordar, la advertencia formulada por el profesor Andr\u00e9s Ollero Tassara<\/strong>, ex magistrado del Tribunal Constitucional, quien se\u00f1al\u00f3 en an\u00e1lisis doctrinal posterior a su etapa en el Tribunal que la existencia de un registro de objetores \u201cde este innecesario alcance, no imprescindible para garantizar las prestaciones legalmente previstas<\/strong>, genera en los profesionales objetores un fundado temor a que de ello derive un riesgo de discriminaci\u00f3n que afecte a su carrera profesional<\/strong>\u201d. A\u00f1ad\u00eda que la figura del registro \u201cva habitualmente vinculada a la publicidad de los datos\u201d, de modo que, pese a las garant\u00edas de confidencialidad, puede derivar en la pr\u00e1ctica en una forma de se\u00f1alamiento o control ideol\u00f3gico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Esta reflexi\u00f3n, de notable calado constitucional, pone el acento en un aspecto esencial: el registro de objetores solo puede tener conforme he indicado, un valor estrictamente instrumental y organizativo, nunca convertirse en un mecanismo que condicione o limite el ejercicio del derecho de conciencia del profesional sanitario. Defender la objeci\u00f3n de conciencia no significa resistirse a la ley, sino asegurar que se cumpla dentro de su marco constitucional. La Medicina<\/strong>, m\u00e1s que ninguna otra profesi\u00f3n, se sustenta sobre la conciencia moral de quienes la ejercen<\/strong>. Por eso, cumplir la ley sin renunciar a la conciencia no es un privilegio de unos pocos, sino una condici\u00f3n para que la sanidad siga siendo humana, \u00e9tica y digna de la confianza de la sociedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Ref redaccionmedica.com) as recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el Registro de objetores de conciencia han reabierto un debate que no deber\u00eda abordarse desde la confrontaci\u00f3n, sino desde el equilibrio constitucional. 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Esto implica comprobar su idoneidad, su necesidad y su equilibrio entre el inter\u00e9s general y los derechos individuales<\/strong>. Un registro generalizado, de car\u00e1cter obligatorio o permanente, no parece cumplir plenamente esos requisitos, sobre todo cuando existen alternativas menos restrictivas.<\/p>\n\n\n\n
No se cuestiona la legalidad formal del registro, pero s\u00ed su proporcionalidad y su adecuaci\u00f3n constitucional<\/strong>, subrayando que la creaci\u00f3n de un registro con nombres y datos identificativos podr\u00eda vulnerar la libertad ideol\u00f3gica del art\u00edculo 16 CE y el derecho a la intimidad personal del art\u00edculo 18 CE, si se deriva de \u00e9l alg\u00fan tipo de identificaci\u00f3n p\u00fablica o efecto profesional adverso.<\/p>\n\n\n\n