El costo humano del silencio: aborto, trauma oculto y la represión de la defensa de la vida

(Ref observatoriobioetica.org)

Desde el Observatorio de Bioética abordamos el creciente “costo humano del silencio” en España, donde la promoción estatal del aborto, descrita como parte de la “cultura de la muerte”, ha coincidido con un incremento alarmante de las cifras, registrándose 103.097 abortos en 2023. El drama central que subyace es el trauma oculto y las graves secuelas que padecen muchas de las mujeres que se someten a la interrupción voluntaria del embarazo, un sufrimiento que es “conscientemente ocultado, especialmente en España” y que incrementa significativamente el riesgo de padecer trastornos mentales como ansiedad y depresión. Lejos de proporcionar información obligatoria sobre estos riesgos, el Gobierno ha intensificado su campaña de promoción a través de recursos como la web ‘quieroabortar.org’ y ha facilitado el acceso a menores, mientras que simultáneamente ejerce un “asedio” activo contra la objeción de conciencia profesional en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y busca prohibir los centros provida que ofrecen “esta verdad” sobre el aborto.

La defensa de la vida humana, específicamente en sus fases prenatal y final, no constituye una prioridad para el Gobierno de España ni para sus socios. Lejos de ensalzar el derecho fundamental de todo ser humano a la vida recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3), y en el artículo 15 de la Constitución Española, además de en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la obcecación actual reside en la promoción de la “cultura de la muerte”, una dinámica que, desde la llegada del PSOE al gobierno de la nación, ha segado la vida de, al menos, 575.097 vidas humanas. Las cifras continúan escalando, con 103.097 abortos en 2023 (datos del Ministerio de Sanidad), lo que representa un incremento de casi el 5 % respecto al año anterior. Un dato que resulta alarmante es que una de cada tres mujeres ya había abortado previamente. A esto habría que añadir los abortos no declarados, como muchos abortos químicos, y las vidas humanas que se pierden como consecuencia del desarrollo de las técnicas de reproducción asistida.

En este contexto de cifras crecientes y promoción gubernamental del acceso al aborto, eufemísticamente denominado interrupción voluntaria del embarazo, se alza un profundo drama que es “conscientemente ocultado, especialmente en España”: las secuelas que subyacen en muchas de las mujeres que se someten a un aborto. La concejala Carla Toscano del Grupo Municipal Vox ha denunciado la “ley del silencio” que pesa sobre este sufrimiento, un trauma que afecta tanto a la madre como al padre. Los poderes públicos han “ignorado y reprimido” este trastorno porque el aborto es legal —identificado habitualmente como lo “bueno” o “moral”— y representa un “gran negocio para la ideología que lo sustenta y lo promociona: el feminismo”.

Como ya recogimos en uno de los informes del Observatorio de Bioética, las complicaciones asociadas a la práctica de abortos afectan no solo al embrión o feto, con el que terminan, sino también a su madre que, como han demostrado varios estudios, incrementa significativamente el riesgo de padecer trastornos mentales como ansiedad, depresión, alcoholismo o consumo de sustancias estupefacientes, entre otros.

El trauma silenciado: Las secuelas del aborto

La ocultación sistemática de las secuelas que conlleva el aborto, de especial intensidad en caso de abortos de repetición, es uno de los mayores agravantes de este drama.

En un paso crucial para romper esta «ley del silencio», el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Vox que exige proporcionar información «obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible sobre estas secuelas». Esta información deberá estar disponible en todos los ámbitos de atención a las mujeres del Consistorio, desde centros de Madrid Salud hasta las webs oficiales. La iniciativa de Vox se presentó en defensa de la vida, haciendo un llamamiento a acabar con el silencio «por los bebés que se han ido, por los padres que sufren la pérdida de sus hijos sin poder opinar, y por las madres que se merecen poder tener a sus hijos, recibir toda nuestra ayuda y conocer ese amor tan infinito que solo da la maternidad».

La promoción del aborto como un derecho blindado

Junto al intento de ocultar información relacionada con los riesgos que conlleva la práctica del aborto, el Gobierno, a través de los Ministerios de Igualdad y Sanidad, ha intensificado su promoción como un servicio accesible y gratuito. Un día después de la aprobación de la información obligatoria sobre el SPA en Madrid, el Gobierno ha dado un nuevo paso con la creación de la web ‘quieroabortar.org’.

Esta página, que promete brindar «información, orientación y acompañamiento», es una guía detallada para la interrupción voluntaria del embarazo, donde lo primero que aparece es la pregunta: «¿Qué debo hacer si quiero abortar en España?». La insistencia gubernamental no solo se centra en facilitar el acceso, sino en «blindar el aborto en la Constitución», allanando cada vez más el camino hacia esta práctica.

La web proporciona a las mujeres una guía detallada sobre cómo abortar por comunidades, los métodos disponibles y si están financiados por la sanidad pública. Se subraya que estas acciones son «legales y gratuitas» desde febrero de 2023. Además, se ofrecen descripciones de los métodos, tanto el «quirúrgico o instrumental» como el farmacológico, afirmando explícitamente que «los dos son seguros», una afirmación que «expertos» han desmentido en diversas ocasiones. La web incluso ofrece apartados para «tranquilizar» a las mujeres, aunque menciona advertencias, como que el sangrado tras el aborto farmacológico puede durar «dos semanas». Pero, como hemos afirmado previamente, los riesgos son mucho mayores, también a largo plazo.

El fomento del aborto en menores de edad

Uno de los aspectos más criticables de esta promoción es el apéndice que se ha elaborado específicamente para las menores de 16 años. La facilidad con la que se permite a las menores de 16 y 17 años acabar con la vida de los fetos sin permiso de los padres es señalada como una de las principales causas del aumento de las cifras de aborto. A pesar de la «gravedad de las secuelas» que esto puede traer para las jóvenes, no solo físicas, sino mentales, los Ministerios avalan su decisión.

La web instruye detalladamente sobre los requisitos para las menores de 16 años (que requieren autorización expresa de al menos uno de los tutores), y enfatiza que, si la adolescente tiene más de 16 años, podrá abortar «de manera libre sin necesidad de informar u obtener consentimiento de progenitores». Esta guía fomenta que, en una edad en la que las jóvenes ni siquiera pueden ir de excursión sin que sus padres lo sepan, se les permita someterse a una cirugía peligrosa.

Los servicios de apoyo a través de WhatsApp, líneas telefónicas y asistencia jurídica, junto con la petición de «Donaciones» para sostener el proyecto, demuestran el compromiso estructural del Estado y sus asociados con la promoción activa del aborto.

El asedio a la objeción de conciencia y a los centros provida

La campaña de promoción no se limita a facilitar el acceso, sino que incluye medidas activas para limitar y penalizar a aquellos profesionales e instituciones que defienden la vida.

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, considera que la objeción de conciencia se ha convertido en un obstáculo «estructural» que impide a muchas mujeres ejercer el aborto en hospitales públicos. En ciertas comunidades, casi todos los ginecólogos se declaran objetores, obligando a la externalización del servicio.

Para contrarrestar esto, Igualdad plantea limitar la objeción en «situaciones críticas» dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es que la objeción no anule un derecho legal, asegurando que las instituciones sanitarias —y no solo los profesionales— sean las responsables de garantizar que las mujeres puedan «matar a sus fetos» sin depender de derivaciones sistemáticas a centros privados.

Las medidas propuestas son un claro asedio a la libertad de conciencia profesional:

Garantía de equipos no objetores: Se insta a asegurar la existencia de equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales. En el caso de que la totalidad del personal de un servicio objete, la administración estará obligada a designar o contratar profesionales alternativos.
Vigilancia y sanción: Se propone vigilar y sancionar los casos en los que la objeción se use de manera «abusiva o fraudulenta», advirtiendo que la objeción es un derecho individual y ningún centro público puede rechazar la práctica en bloque.
Penalización del no objetor: Se busca evitar que los profesionales no objetores sean los únicos obligados a realizar abortos, una práctica que ya ha sido descrita como una «penalización» que desincentiva al personal a declararse disponible.
Uso de registros: Se fortalecerán los registros oficiales de objetores para planificar la asistencia sanitaria y garantizar la presencia de médicos dispuestos en concursos y contrataciones.

Paralelamente a esta represión dentro del SNS, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que su Ministerio estudia prohibir centros provida cerca de las clínicas de aborto. Estas asociaciones y activistas provida —como El Viñedo de Raquel, Red Madre, o Derecho a Vivir— son fundamentales para ofrecer «esta verdad» sobre el aborto.

Ante la amenaza de prohibición, la respuesta de los centros provida ha sido de una firmeza inquebrantable: «Que nos encarcelen, vamos a seguir». Esta declaración resume la defensa de la vida que se opone al «gran negocio» y a la ideología que lo sustenta. Frente a un Estado que busca la anulación de la conciencia y el fomento del aborto, la necesidad de proporcionar información obligatoria sobre las secuelas y el apoyo incondicional de los activistas provida son el último baluarte para las madres y los padres que merecen conocer el «amor tan infinito que solo da la maternidad».